El presidente Gustavo Petro lanzó una advertencia directa al sector empresarial: el aumento del salario mínimo no autoriza incrementos automáticos ni abusivos en productos y servicios. El Gobierno anunció controles y sanciones para frenar prácticas especulativas que afecten el bolsillo de los ciudadanos.

Para el presidente Gustavo Petro, cualquier intento de trasladar de forma mecánica el aumento del salario mínimo a los precios finales será considerado una práctica abusiva. Petro endureció su discurso y dejó claro que el Gobierno no permitirá que el ajuste salarial, pensado para mejorar los ingresos de los trabajadores, termine diluyéndose en una nueva escalada del costo de vida.

“El alza del salario mínimo no puede convertirse en una excusa”, reiteró el mandatario al advertir que los incrementos injustificados serán leídos como especulación y tendrán consecuencias legales.

El 23 % no es una regla para los precios
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue el rechazo a que las empresas tomen como referencia directa el 23 % del aumento salarial para ajustar tarifas. Según Petro, esa práctica carece de sustento técnico y termina castigando al consumidor.

El jefe de Estado aseguró que el Gobierno cuenta con herramientas jurídicas suficientes para intervenir y sancionar a quienes incurran en este tipo de conductas, las cuales —dijo— anulan el impacto positivo que se busca con la mejora de los ingresos laborales.

Petro fue más allá y sostuvo que no existen razones económicas que justifiquen aumentos generalizados. De acuerdo con cifras oficiales citadas por el Ejecutivo, varios costos de producción han disminuido, lo que desmonta el argumento de que el alza salarial obliga a encarecer bienes y servicios.

En ese escenario, subir precios sin respaldo técnico constituye, para el Gobierno, un abuso que debe ser controlado por el Estado.

Vigilancia y sanciones

El presidente anunció que las autoridades de inspección, vigilancia y control permanecerán atentas al comportamiento del mercado. Cualquier intento de especulación será enfrentado de manera inmediata, con sanciones que pueden incluir multas y otras medidas administrativas.

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La instrucción, según el mandatario, es clara: actuar rápido para evitar que se normalicen prácticas que afecten a los consumidores.

Petro cerró su intervención destacando que estas acciones no buscan frenar la actividad empresarial ni afectar la dinámica económica. El objetivo, insistió, es proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos y garantizar que el aumento del salario mínimo se traduzca en bienestar real.