La concesión que conecta el Caribe con La Guajira entraría en una nueva etapa bajo administración estatal, en el marco del cierre ordenado de contratos viales que el Gobierno Nacional proyecta hasta 2031.

El manejo de una de las carreteras más estratégicas del norte del país podría cambiar de manos. El Gobierno Nacional activó el proceso de reversión de la Concesión Vial Santa Marta–Riohacha–Paraguachón, una de las más antiguas del sistema concesionado colombiano y eje clave para la movilidad, el comercio y la integración del Caribe con La Guajira.

Se trata, por ahora, de un escenario en construcción. La vía —prolongación natural de la Troncal del Caribe— se encuentra en la etapa final de su vida contractual y, de acuerdo con la planeación oficial, su retorno al control estatal se daría de manera gradual entre 2026 y 2031.

Durante ese periodo, el Instituto Nacional de Vías (Invías) asumiría la supervisión directa del corredor.

Desde el Ejecutivo se plantea que esta transición no responde a una ruptura abrupta, sino a una política de cierre ordenado de concesiones que cumplieron su ciclo. La apuesta, según el discurso oficial, es garantizar la continuidad del servicio, preservar el estado de la infraestructura y priorizar el interés público en corredores considerados estratégicos para el país.

La Agencia Nacional de Infraestructura (Agencia Nacional de Infraestructura) explicó que este tipo de procesos hace parte de una estrategia institucional basada en criterios técnicos, jurídicos y financieros. La entidad recordó que desde 2024 ya se han revertido a Invías otros proyectos viales, como Facatativá–Fontibón–Los Alpes, Córdoba–Sucre y Bucaramanga–Pamplona, este último mediante terminación anticipada del contrato.

Para la ANI, estos antecedentes muestran que el Estado tiene la capacidad de reasumir la administración de activos viales sin afectar la operación ni la conectividad regional. Óscar Torres, presidente de la entidad, ha insistido en que las decisiones se toman caso por caso, luego de análisis detallados que buscan evitar vacíos operativos y riesgos financieros.

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Mientras este corredor del Caribe entra en la recta final de su concesión, el Gobierno aclara que los proyectos de tercera generación (3G) continúan funcionando con normalidad y que las concesiones de cuarta y quinta generación (4G y 5G) mantienen intacto su horizonte contractual. El mensaje es claro: no se trata de desmontar el modelo concesionado, sino de cerrar ciclos y redefinir el rol del Estado donde los contratos llegan a su fin.

Si el proceso avanza como está previsto, la vía Santa Marta–Riohacha–Paraguachón podría convertirse en uno de los principales ejemplos del regreso del control vial al Estado en el Caribe colombiano. Un cambio que, de concretarse, marcaría un nuevo capítulo en la administración de una carretera clave para La Guajira, el comercio fronterizo y la conexión del norte del país.