Un borrador del Ministerio de Minas y Energía plantea un recargo temporal en la tarifa eléctrica para cubrir deudas cercanas a los $2 billones de empresas intervenidas, entre ellas Air-e. La medida traslada el peso financiero a los usuarios para evitar un colapso del servicio, especialmente en la región Caribe.

El Gobierno de Gustavo Petro plantea seriamente que la deuda se pague en la factura. Un borrador de resolución del Ministerio de Minas y Energía propone un mecanismo de recaudo vía tarifa eléctrica para cubrir los pasivos acumulados por comercializadoras intervenidas, una salida de emergencia que convierte al usuario en el principal financiador del rescate.

La iniciativa reconoce una crisis financiera profunda. Empresas bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios arrastran deudas con generadores y transmisores que amenazan la cadena de suministro. Entre ellas está Air-e, intervenida en septiembre de 2024 por su deterioro operativo y financiero. El documento admite que, pese a la intervención, los problemas estructurales persisten y las obligaciones impagas siguen creciendo.

Mientras la Comisión de Regulación de Energía y Gas expide la reglamentación definitiva, el plan transitorio ordena al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales recaudar $8 por kilovatio-hora ($8/kWh) a toda la demanda del Sistema Interconectado Nacional. El cobro entraría como parte del componente de restricciones de la tarifa y se destinaría a pagar deudas acumuladas hasta el 30 de noviembre de 2025.

El Ministerio sostiene que los recursos irían a los acreedores —generadores y transmisores— que han financiado indirectamente la operación de las comercializadoras intervenidas ante la falta de pago oportuno. La advertencia es clara: sin este recaudo, el riesgo de desbalances mayores en el mercado eléctrico se intensifica.

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El tamaño del hueco explica la urgencia. Los pasivos rondan los $2 billones, una cifra que, según el propio Gobierno, pone en jaque la continuidad del servicio. El impacto sería más crítico en la región Caribe, donde se concentra una alta proporción de usuarios y donde la prestación del servicio ha sido históricamente frágil.

En la práctica, la estrategia traslada el costo del salvamento a los hogares y empresas: el usuario paga hoy para evitar el apagón mañana. El debate queda abierto entre la necesidad de sostener el sistema y la carga que recae sobre la factura de quienes ya enfrentan tarifas altas y un servicio inestable.