El Ministerio de Justicia presentó una denuncia formal ante la Corte Suprema contra la senadora María Fernanda Cabal y otros dos legisladores, al considerar que sus pronunciamientos cruzaron los límites del debate político y podrían configurar un delito contra la integridad nacional.

El Gobierno nacional decidió llevar el choque político al terreno judicial. A través del Ministerio de Justicia, presentó una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra tres miembros del Congreso, a quienes señala de realizar declaraciones que, según el Ejecutivo, no solo desbordaron el debate democrático, sino que encendieron alertas sobre la posible afectación de la soberanía del país.

Entre los denunciados se encuentra la senadora María Fernanda Cabal, junto a la representante Lina María Garrido y el senador Jota P. Hernández. La actuación fue confirmada por el Ministerio de Justicia, que argumentó que las expresiones atribuidas a los congresistas generaron preocupación institucional por su eventual impacto en la estabilidad del Estado y en las relaciones internacionales de Colombia.

El ministro encargado de Justicia, Andrés Itárraga, explicó que los pronunciamientos analizados motivaron la activación de los mecanismos legales, al considerar que podrían ir más allá de la libertad de expresión propia del ejercicio político.

Según el análisis jurídico presentado, las conductas bajo estudio podrían encajar en el delito de afectación a la integridad nacional, una figura penal diseñada para proteger la autonomía y la seguridad del Estado.

Desde la cartera de Justicia se sostuvo que las declaraciones no tendrían amparo constitucional, al no estar directamente relacionadas con la función legislativa ni con el debate democrático que se desarrolla en el Congreso. En ese sentido, el Gobierno recalcó que la inmunidad parlamentaria y la libertad de expresión no son derechos absolutos cuando entran en tensión con intereses superiores como la soberanía y el orden constitucional.

Lea también : Corte Suprema avala extradición de joven samario señalado de espionaje y posibles vínculos terroristas en Lituana

El Ejecutivo fue enfático en señalar que el Parlamento no puede convertirse en una plataforma para promover injerencias externas en los asuntos internos del país. Bajo esa premisa, insistió en que corresponde a la Corte Suprema establecer si las actuaciones denunciadas constituyen una vulneración a la integridad nacional y a los derechos de los ciudadanos.

Ahora será la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal la encargada de evaluar el alcance de las declaraciones, determinar si existe mérito para avanzar en la investigación y definir si las palabras pronunciadas desde el Capitolio pueden traducirse en responsabilidades penales.