El ajuste no dependerá del salario mínimo, sino del IPC de 2025 que revelará el DANE en enero. Con una inflación proyectada entre 5,1 % y 5,8 %, millones de familias enfrentarán otro golpe a su gasto mensual.

Para quienes viven en arriendo, el calendario ya marca una nueva presión económica. En 2026, el canon de vivienda urbana volverá a ajustarse y el tope legal lo definirá el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025, cifra que será publicada entre el 7 y el 8 de enero por el DANE.

La regla es clara y no admite interpretaciones: el aumento del arriendo no está atado al salario mínimo. Aunque el país acaba de vivir un incremento significativo del ingreso básico, la Ley 820 de 2003 establece que el único referente válido para ajustar el canon es la inflación del año inmediatamente anterior.

Hasta noviembre, el IPC se ubicaba en 5,3 %, y las proyecciones apuntan a que cerrará entre 5,1 % y 5,8 %. Ese rango se convertirá en el límite máximo permitido para los incrementos durante 2026. No es una cifra menor si se tiene en cuenta que el arriendo es, junto con los servicios públicos y la alimentación, uno de los gastos que más pesa en el bolsillo de los hogares.

La normativa también fija condiciones estrictas para aplicar el ajuste. El incremento solo puede hacerse cuando el contrato se renueva —a los seis o doce meses, según lo pactado— y no es obligatorio realizarlo en enero. Además, el canon mensual no puede superar el 1 % del valor comercial del inmueble, y arrendador y arrendatario pueden acordar un aumento menor o incluso mantener el mismo valor.

La forma también importa. Cualquier incremento debe ser notificado por medios autorizados, como correo electrónico o correo certificado. Aunque el canon pueda pactarse en moneda extranjera, el pago debe hacerse en pesos colombianos, conforme a la tasa establecida en el contrato. La ley, además, prohíbe exigir depósitos en efectivo como garantía, una práctica que aún persiste en algunos casos.

Especialistas en arrendamientos recomiendan a los inquilinos revisar con lupa la fecha de renovación de sus contratos y verificar que el aumento aplicado no supere el porcentaje del IPC ni viole los tiempos legales. Ante cobros indebidos, recuerdan que existen rutas para reclamar: inspecciones de policía y personerías municipales pueden intervenir para hacer valer los derechos del arrendatario.

Mientras la inflación define el techo del ajuste, la realidad es otra: para millones de colombianos, cada punto porcentual se traduce en menos margen para llegar a fin de mes. En 2026, el arriendo volverá a subir y, con él, la sensación de que el hogar también se encarece.