El Ministerio de Hacienda alista un decreto para eliminar la prima de servicios que reciben los parlamentarios, un beneficio que eleva sus ingresos por encima de los $30 millones mensuales.

La medida, impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, se presenta como un acto de austeridad en medio del debate por el aumento del salario mínimo y la desigualdad salarial en el país.

El golpe es directo al bolsillo del poder legislativo. El Ministerio de Hacienda tiene listo un borrador de decreto con el que se suprimiría la prima de servicios que hoy reciben los miembros del Congreso de la República, un beneficio que representa cerca de 11 millones de pesos mensuales adicionales para cada congresista.

La decisión se da en un momento políticamente sensible. El Gobierno del presidente Gustavo Petro acaba de decretar un incremento del 23 % del salario mínimo para 2026, una medida que reavivó el debate nacional sobre la desigualdad de ingresos y dejó al descubierto la distancia entre quienes toman las decisiones y quienes sobreviven con menos de dos millones de pesos al mes.

Hoy, al sumar salario base, primas y otros beneficios, varios congresistas superan los 30 millones de pesos mensuales. Esa cifra, según el Ejecutivo, resulta imposible de justificar frente a la realidad económica del país. En el borrador del decreto, Hacienda es contundente: la remuneración de los legisladores es desproporcionada frente al ingreso promedio de la población y se convierte en un obstáculo para cerrar las brechas sociales trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo.

El documento sostiene que la prima de servicios no constituye un derecho adquirido obligatorio y que su eliminación permitiría avanzar en una política de austeridad sin vulnerar derechos fundamentales. El mensaje es claro: el ajuste debe empezar por arriba.

La medida también desnuda una contradicción política. Varios de los congresistas que ahora verían reducidos sus ingresos fueron críticos del aumento del salario mínimo, argumentando impactos fiscales y riesgos económicos. Hoy, el recorte apunta directamente a quienes cuestionaron mejorar el ingreso de millones de trabajadores.

Desde sectores sociales y políticos afines al Gobierno, la noticia fue celebrada como un acto de coherencia. El senador Iván Cepeda, aspirante presidencial del oficialismo, reaccionó con un escueto pero elocuente mensaje en su cuenta de X: “Excelente noticia”.

En la misma línea se pronunció el también precandidato Juan Fernando Cristo, quien recordó que esta propuesta no es nueva.

“Ojalá se concrete. Extraordinaria decisión del gobierno. Desde el primer año de la pandemia planteamos que ese era el camino para reducir los altos salarios de los congresistas”, afirmó.

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Mientras el decreto avanza hacia su eventual expedición, el debate vuelve a instalarse en el corazón del poder: los privilegios del Congreso, la coherencia del Estado y la urgencia de que los ajustes no recaigan siempre sobre los mismos. Esta vez, la tijera apunta a quienes legislan. Y eso, en Colombia, no es poca cosa.