El Ministerio Público calificó como gravísima y dolosa la actuación de un juez laboral que ordenó la inscripción de Jorge Agudelo como candidato a la Alcaldía en 2023, pese a no tener competencia y a existir decisiones judiciales previas que negaban esa posibilidad.

La Procuraduría General de la Nación concluyó que una decisión judicial alteró el curso normal de las elecciones de 2023 en Santa Marta. Según el órgano de control, el juez Carlos Alberto Villalba del Villar, del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta, habría incurrido en una falta disciplinaria de carácter gravísimo al tramitar y fallar una acción de tutela que permitió la inscripción de Jorge Agudelo como aspirante a la Alcaldía.

La Procuraduría sostiene que el despacho judicial asumió el conocimiento de una tutela presentada por un tercero que no tenía la condición de afectado directo, un requisito esencial para este tipo de acciones constitucionales. Aun así, el juez ordenó a la Registraduría Especial de Santa Marta inscribir a Agudelo como candidato por el movimiento Fuerza Ciudadana, cuando no existía un acto administrativo definitivo que habilitara el reemplazo de la entonces candidata Carmen Patricia Caicedo Omar.

El Ministerio Público fue claro en que, para ese momento, ya se tramitaban múltiples tutelas similares ante el Tribunal Superior del Magdalena, y en todas ellas los jueces habían negado la inscripción al considerar que no se cumplían los requisitos legales para modificar la lista de candidatos. Ese contexto, lejos de frenar la actuación, fue ignorado.

En un corto lapso, el juez Villalba del Villar ordenó la inscripción del aspirante, una determinación que —según la Procuraduría— alteró el desarrollo del proceso electoral.

El ente de control advirtió además que el caso involucraba a entidades de orden nacional, lo que excluía de manera expresa la competencia de un juzgado laboral del circuito para conocer y decidir la tutela.
La gravedad, subraya el Ministerio Público, radica en que el juez habría sido consciente de su falta de competencia, lo que llevaría a calificar su conducta como dolosa, es decir, adoptada con pleno conocimiento de la irregularidad. Por estos hechos, la Procuraduría solicitó avanzar hacia la formulación de cargos disciplinarios.

El pronunciamiento no se queda allí. El órgano de control anunció que evalúa la actuación de otros funcionarios judiciales que intervinieron en el trámite de las acciones constitucionales durante el proceso electoral, dejando abierta la puerta a nuevas investigaciones por decisiones que, según el informe, pusieron en riesgo la transparencia y legalidad de las elecciones en Santa Marta.