La Jurisdicción Especial para la Paz concluyó que el exgobernador fue blanco de un entramado político-armado de exclusión sistemática durante su paso por la Universidad del Magdalena y su carrera política.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través de su Sala de Reconocimiento, decidió acreditar al exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, como víctima del conflicto armado en el marco del caso 08 – Subcaso Gran Magdalena, que investiga crímenes cometidos por agentes del Estado, en colaboración con estructuras paramilitares o terceros civiles.

La decisión marca un cambio en la narrativa jurídica e histórica que durante años rodeó al también exrector de la Universidad del Magdalena, quien denunció haber sido objeto de una estrategia de persecución política, liderada por el exgobernador Trino Luna Correa y respaldada por grupos paramilitares que operaban en la región entre 2004 y 2007.

Según el análisis de los magistrados, los actos de estigmatización, persecución judicial y hostigamiento que sufrió Caicedo no fueron hechos aislados. Por el contrario, se trató de una estrategia de exclusión estructural dentro del contexto del conflicto armado.

La JEP reconoció que su condición de víctima fue el resultado de un entramado político y armado que se propuso neutralizar sus iniciativas de transparencia institucional y su ascenso político.

La decisión de la JEP se sustenta en los principios de justicia restaurativa, que otorgan un papel central a las víctimas. En este caso, la Sala valoró pruebas que demuestran que Caicedo fue blanco de campañas de desprestigio, montajes judiciales y declaraciones de falsos testigos, especialmente durante su gestión como rector entre 1997 y 2006, periodo en el que impulsó una transformación institucional en la Universidad del Magdalena.

Inicialmente, en 2022, la misma jurisdicción había rechazado la solicitud de Caicedo al considerar que no había pruebas suficientes que acreditaran su condición de víctima. Sin embargo, tras una revisión del caso y el análisis de nuevos elementos, la Sala concluyó que sí existían fundamentos para reconocer la persecución sistemática en su contra.

Este reconocimiento abre un nuevo capítulo en la participación del exgobernador dentro del proceso que adelanta la JEP en el Gran Magdalena. A partir de ahora, Carlos Caicedo tendrá una intervención activa en el desarrollo del caso, lo que le permitirá aportar su testimonio, solicitar pruebas y participar en audiencias, con miras a establecer responsabilidades y esclarecer la verdad sobre los vínculos entre estructuras del Estado y grupos armados ilegales en el departamento.

Para Caicedo, el reconocimiento de la JEP representa no solo una reivindicación personal, sino una oportunidad para avanzar en la reconstrucción de la memoria histórica del departamento y en la garantía de no repetición.