La pelea entre dos socios por el control de un exclusivo hotel ecológico a las puertas del Parque Nacional Tayrona escaló a niveles alarmantes. Augusto Rico, abogado y empresario, asegura que su exsocio lo secuestró, lo obligó a firmar documentos bajo coacción y ahora administra el lugar de manera ilegal, presuntamente con respaldo de grupos armados ilegales.

El conflicto por el control del hotel Ecohabs Bamboo Tayrona, un complejo ecológico ubicado en la entrada del Parque Nacional Natural Tayrona, se ha transformado en una amenaza directa para la seguridad de sus empleados, huéspedes y del propio fundador del lugar.

Augusto César Rico, quien asegura tener el 70 por ciento de la sociedad legalmente constituida, ha denunciado que su socio minoritario, Robinson Jesús Méndez Mendoza, lo despojó violentamente de la administración del hotel con el presunto respaldo de estructuras paramilitares.

“Me secuestraron junto con cinco empleados. Nos obligaron a firmar documentos bajo amenaza y coacción. Desde ese día no he podido volver a mi propio hotel. Vivo desplazado, exiliado de Santa Marta, administrando desde la distancia lo que por derecho me pertenece”, afirmó Rico en declaraciones a medios y a través de un comunicado público.

Le cambiaron el nombre al hotel

El empresario, reconocido por su activismo ambiental, sostiene que desde el pasado sábado 14 de junio, el hotel está operando de forma ilegal bajo una nueva razón social —“Unique Tayrona”— que no cuenta con los permisos de turismo correspondientes, pero que ya está ofreciendo reservas a través de plataformas como Booking.com.

Lo más grave, advierte, es que esta situación ocurre justo cuando el Parque Tayrona reabrió sus puertas al público tras su cierre anual. “Los turistas llegarán al lugar sin saber que el hotel está bajo ocupación irregular y en medio de un conflicto peligroso”, alertó.

Genesis del conflicto

Según Rico, las amenazas comenzaron en febrero de 2025, cuando su socio lo presentó con un presunto jefe paramilitar. Desde entonces, las intimidaciones fueron constantes.

En abril, vino lo peor: el secuestro. A pesar de que la denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía con audios, testimonios y pruebas documentales, no ha habido una sola captura ni medida de protección.

El defensor de derechos humanos José Humberto Torres calificó los hechos como un secuestro con fines extorsivos y criticó duramente la inacción institucional.

“La Fiscalía no ha actuado. El Alcalde de Santa Marta incluso afirmó que lo ocurrido fue solo una ‘reunión de socios’, negando la realidad, revictimizando a Augusto y a los empleados, y convirtiéndose en cómplice por omisión”.

Rico denuncia que además de haber sido forzado a abandonar su vida en Santa Marta, ahora teme por la integridad de su familia, su equipo de trabajo y los mismos turistas que podrían verse atrapados en un conflicto de alto riesgo.

“Han ido a buscarme a mi casa y a lugares que frecuentaba. Me quieren silenciar”, relató.

El caso ha levantado alarmas en sectores de derechos humanos y en redes sociales, donde se exige la intervención inmediata de organismos como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la OEA y la ONU. También se solicitó el cierre inmediato de las cuentas de reservas operadas bajo la nueva y supuestamente fraudulenta razón social.

“La justicia debe actuar. El terror no puede triunfar. ¿Qué clase de Estado tenemos si ni siquiera puede proteger a un empresario legal, con denuncias fundamentadas y pruebas en mano?”, cuestionó Rico.

Hasta el momento las instituciones no han dado detalles sobre este caso, mientras tanto el hotel sigue recibiendo turistas bajo otra identidad, y los trabajadores que aún lo respaldan temen por su vida.

La disputa por este complejo turístico paradisiaco se ha convertido en una bomba de tiempo. Y si no hay intervención urgente, la tragedia podría ser cuestión de días.