El presidente invocó una “excepción de inconstitucionalidad” para desconocer la decisión del Congreso. El decreto ya fue enviado a la Corte Constitucional para su revisión.

El presidente Gustavo Petro firmó un decreto con el que convoca una consulta popular para que la ciudadanía decida sobre su reforma laboral, pese a que el Senado emitió un concepto desfavorable a esta iniciativa el pasado 14 de mayo. La medida ha sido recibida con críticas por parte de distintos sectores políticos y jurídicos.

El decreto, compuesto por ocho artículos, sostiene que se invoca el artículo 4 de la Constitución para inaplicar la votación del Senado, bajo el argumento de que fue inconstitucional. Según el Gobierno, la sesión parlamentaria incurrió en varias irregularidades, como el cierre apresurado, el cambio de voto de un senador y la ausencia de trámite de apelación, lo cual justificaría desconocer su resultado.

Consulta condicionada a la aprobación legislativa
La consulta popular está prevista para el 7 de agosto y busca que los ciudadanos se pronuncien sobre los ejes centrales de la reforma, incluyendo el fin de los contratos por horas, la jornada nocturna desde las 6 p. m., la formalización de aprendices del Sena y el pago completo de dominicales. Sin embargo, el presidente aclaró que si el Congreso aprueba esos mismos puntos, la consulta sería derogada antes de llegar a las urnas.

El ministro Armando Benedetti explicó que el decreto se firmó porque ese día vencía el plazo legal para hacerlo, pero que el Gobierno mantiene abierta la puerta al diálogo. “Si se logra un acuerdo legislativo que refleje los temas de la consulta, el decreto se retira”, afirmó. También indicó que hay un ambiente favorable para llegar a una concertación.

El futuro ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, aseguró que la Corte Constitucional es la competente para revisar la validez del decreto, debido a que se trata de un tema de participación ciudadana. Incluso, planteó que el control de legalidad debería hacerse después de la votación, lo que ha generado fuerte polémica en el ámbito jurídico.

Varios constitucionalistas, por su parte, han cuestionado la legalidad del acto presidencial. Consideran que viola la separación de poderes y que Petro estaría atribuyéndose competencias del Consejo de Estado, órgano que debería decidir sobre la validez de la votación en el Senado. Además, advierten que se sienta un precedente riesgoso para el equilibrio institucional.

Mientras se espera el pronunciamiento de la Corte Constitucional, el país se mantiene atento al desarrollo de esta controversia.