La cadena reportó utilidades por más de $373.000 millones en 2024. El ministro de Trabajo anunció una investigación, mientras la empresa rechaza las acusaciones y afirma estar dispuesta a colaborar plenamente.

La controversia se desató en cuestión de horas. A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, lanzó una fuerte denuncia contra la cadena de supermercados D1, señalando un presunto caso de explotación laboral que, según dijo, sería de “suma gravedad”. La afirmación encendió las alarmas no solo al interior del Gobierno, sino también en la opinión pública.

“Sería de suma gravedad que supermercados D1, con utilidades en el 2024 por $373.200 millones —equivalentes a lo que ganan 225.000 trabajadores en un mes—, someta a sus empleados a un régimen laboral ilegal e inmoral”, escribió Sanguino, dejando claro que la investigación será prioritaria para su despacho.

La publicación marcó el inicio de una tormenta que no tardó en escalar. Minutos después del anuncio, el Ministerio de Trabajo informó que se abrirá una indagación para determinar si efectivamente existen prácticas contrarias a la ley laboral dentro de la organización, una de las más grandes del país en el sector minorista.

D1, por su parte, reaccionó con rapidez. En un comunicado de prensa, la empresa rechazó de forma categórica las acusaciones y afirmó que cumple con todas las normas legales vigentes. También aseguró estar comprometida con el bienestar de sus más de 24.000 empleados directos en Colombia.

«Estamos plenamente dispuestos a atender cualquier requerimiento o investigación por parte de las autoridades competentes. Nuestra operación se basa en principios de legalidad y responsabilidad social», expresó la compañía, al tiempo que pidió no utilizar su actividad empresarial en “disputas de carácter político o mediático”.

La denuncia ha puesto bajo la lupa a una de las marcas más populares del país, reconocida por su modelo de precios bajos y crecimiento sostenido. La diferencia entre sus millonarias ganancias y las presuntas condiciones laborales de su personal ha avivado el debate público sobre justicia laboral en el sector privado.

Hasta el momento, el Ministerio no ha ofrecido detalles adicionales sobre los hallazgos preliminares ni sobre el alcance de la investigación. Sin embargo, lo que comenzó como una denuncia en redes sociales ahora compromete a una empresa de alcance nacional y ha generado presión para que se esclarezcan los hechos cuanto antes.