El agente interventor de la Essmar, Erney Velásquez, denunció que políticos, funcionarios públicos, líderes comunitarios y dueños de carrotanques hacen parte de una red criminal que manipula la distribución del agua en la ciudad, dejando sin acceso al recurso a miles de samarios para lucrarse a costa del desespero.

En Santa Marta hay barrios donde no cae una gota de agua desde hace años. Sin embargo, en esas zonas los carrotanques ilegales nunca faltan. El agente interventor de la Empresa de Servicios Públicos del Distrito (Essmar), Erney Alfonso Velásquez Torres, volvió a encender las alarmas: “El agua se convirtió en un negociazo”, dijo sin rodeos.

No es la primera vez que se habla de la existencia de mafias que controlan la distribución del líquido en la ciudad, pero esta vez el señalamiento va más allá.

Velásquez, en una entrevista concedida a Sumario TV, aseguró que la llamada “mafia del agua” está compuesta por varios actores: empresarios del negocio de los carrotanques, funcionarios corruptos dentro de la misma Essmar, valvuleros, líderes comunitarios y hasta políticos. Todos, según él, hacen parte de un sistema criminal que roba el agua de las redes oficiales y genera una “demanda inducida” que obliga a los más pobres a pagar precios exorbitantes por un derecho básico.

“Estamos perdiendo 120 litros por segundo entre El Roble y rebombeo por culpa del robo y la manipulación. Todo el mundo sabe dónde están esas conexiones ilegales, pero la ciudad ha decidido no hacer nada”, denunció el funcionario.

Un negociazo que beneficia a pocos y afecta a miles

La situación, afirma Velásquez, es más grave de lo que se cree. Las válvulas de distribución son controladas por operarios que reciben pagos para cerrar el paso del agua o desviarla, lo que beneficia directamente a quienes venden el líquido por fuera del sistema legal.

Mientras un carrotanque oficial puede costar alrededor de $18.000, uno ilegal llega a cobrarse hasta en $200.000 en los barrios más necesitados.

“Esos operarios, los valvuleros, abren o cierran según les paguen. Si la comunidad no paga, no hay agua. Así de simple. Es una extorsión”, explicó. El interventor también señaló que existen valvuleros ilegales en los mismos barrios, apoyados por personas de la comunidad, que instalan motobombas clandestinas y venden por horas el acceso al agua.

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Para Velásquez, hace falta mano dura del Distrito para que este entramado llegue a su fin. “Se necesita un decreto que obligue a todos los carrotanques a demostrar la procedencia del agua. Esa agua que están vendiendo es nuestra, es de los barrios. No podemos seguir siendo cómplices”, reclamó.

Las denuncias han generado tensiones y, según él, amenazas. “Cualquiera que se atreva a hablar de la mafia del agua pone en riesgo su vida. Pero alguien tiene que decirlo: no estamos frente a una red marginal, es un sistema que ha sido protegido por años”.

El problema no es nuevo, pero sí cada vez más descarado. El agente interventor afirma que, durante Semana Santa, lograron llenar tanques altos y enviar agua a barrios donde no llegaba desde hacía más de seis años. “Eso demuestra que sí se puede, pero las interferencias ilegales nos lo impiden”.

Pese a los constantes llamados, hasta ahora no hay acciones contundentes. El negocio sigue. Los barrios siguen secos. Y los poderosos, hidratados y en silencio.