El excandidato de Fuerza Ciudadana busca que se sancione a los responsables de la anulación de más de 85 mil votos que obtuvo en las elecciones de 2023 y que, según él, alteraron la voluntad popular al entregarle el triunfo directo a Carlos Pinedo.

Jorge Agudelo no se rinde. Aunque las posibilidades de revertir el resultado de las elecciones de octubre de 2023 parecen cada vez más lejanas, el excandidato a la Alcaldía de Santa Marta insiste en su cruzada judicial por lo que considera una injusticia histórica. Esta vez acudió a la Fiscalía 35 Seccional, acompañado por su abogado, el exfiscal general Eduardo Montealegre, para presentar una denuncia penal contra los tres miembros de la Comisión Escrutadora Distrital que invalidaron los 85.504 votos que obtuvo en los comicios.

La denuncia, según confirmó Montealegre, señala a las funcionarias Ana Milena Roncallo, Luz Dary Palomino y Marcela Helena Hernández por los presuntos delitos de falsedad ideológica y falsedad material en documento público. La defensa argumenta que la comisión no tenía la competencia para tomar una decisión de tal magnitud y que, al hacerlo, vulneró gravemente el derecho al voto de miles de ciudadanos.

El episodio, que ha sido calificado como inédito en el país, dejó a Agudelo sin la Alcaldía días después de haber celebrado lo que parecía una victoria, tras aparecer como ganador en el preconteo de la Registraduría. La Comisión Escrutadora declaró como no marcados sus votos, al considerar que su inscripción fue extemporánea y no válida, pese a que una decisión judicial le permitió postularse días antes de las elecciones.

Desde entonces, Agudelo ha agotado todas las vías legales posibles para tumbar la elección de Carlos Pinedo, sin lograr hasta ahora resultados favorables. “No se trata solo de mí, se trata de respetar la voluntad popular”, declaró recientemente en medios locales, insistiendo en que su lucha busca al menos una sanción ejemplar para quienes, en su concepto, actuaron por fuera de la ley.

Opinión de abogado y concejal

El abogado y concejal Miguel Martínez, al analizar el caso, explicó que existe un vacío legal, pues el artículo 192 del Código Electoral impide sumar los votos de un candidato cuya inscripción no sea válida. Sin embargo, recalcó que la Comisión Distrital debió remitir el caso al Consejo Nacional Electoral, sin anular directamente los votos. “La Comisión no estaba facultada para excluir los votos por su cuenta. Cometieron una grave irregularidad”, afirmó.

Con esta nueva acción judicial, Agudelo busca que la Fiscalía investigue a fondo lo ocurrido y siente un precedente sobre un caso sin antecedentes claros en la jurisprudencia colombiana. Aunque admite que difícilmente podrá recuperar la Alcaldía, su objetivo ahora es evitar que lo sucedido se repita en futuras elecciones.