El Tribunal Administrativo de Cundinamarca exigió al Gobierno nacional y a laboratorios farmacéuticos eliminar las barreras de acceso a la píldora del día después. La medida busca mejorar la distribución del medicamento y llevar campañas educativas a las poblaciones más vulnerables del país.

En Colombia, conseguir una píldora del día después puede ser tan sencillo como ir a una farmacia en Bogotá o tan difícil como caminar horas desde una vereda sin transporte hasta el pueblo más cercano. Esa brecha entre el derecho y la realidad es la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca quiere cerrar.

Con una sentencia firme, el Tribunal le ordenó al Estado colombiano garantizar que este anticonceptivo de emergencia llegue a todo el país, sin excusas ni barreras. La instrucción es clara: mejorar la distribución, asegurar su presencia en los centros de salud —incluso en zonas rurales e indígenas— y eliminar los obstáculos que impiden que muchas mujeres accedan a este medicamento a tiempo.

No se trata de una idea nueva. Desde 2008, la píldora del día después es legal en Colombia. No es abortiva, lo ha dicho el Consejo de Estado. Pero el desconocimiento, los prejuicios y la falta de voluntad han hecho que, para miles de mujeres, especialmente en zonas vulnerables, siga siendo un privilegio lejano.

Ahora, los ministerios de Salud, Educación y TIC deberán trabajar en conjunto. No solo para llevar el medicamento, sino también para explicar de forma clara y adaptada a cada región cómo funciona y por qué es un derecho. Las campañas educativas que ordena la sentencia buscan tumbar los mitos y hacer que esta información llegue donde más se necesita.

El fallo también le pone responsabilidad a los laboratorios farmacéuticos: deben facilitar el acceso, no encarecerlo ni esconderlo. La píldora no puede seguir siendo un producto escaso ni exclusivo.

Con esta decisión, el país da un paso hacia la equidad en salud sexual y reproductiva. Es un mensaje claro: las mujeres no pueden seguir esperando. No importa si están en el centro de Medellín o en un caserío del Guainía. Todas deben tener el mismo derecho a decidir, a informarse y a protegerse. Sin condiciones. Sin barreras. Sin demora.