Con jornadas de solo 13,5 horas semanales, los empleados estatales deberán adaptarse a una nueva rutina impuesta por el gobierno en un intento por mitigar los efectos del racionamiento energético.

Las oficinas del sector público en Venezuela estarán más vacías que nunca. A partir del próximo lunes, los empleados estatales solo trabajarán tres días a la semana y cumplirán jornadas reducidas de apenas cuatro horas y media diarias. La decisión del gobierno de Nicolás Maduro responde a una crisis energética que golpea con fuerza al país y que ha obligado a tomar medidas extremas para evitar el colapso total del sistema eléctrico.

La reducción de la jornada laboral, que se extenderá durante seis semanas, busca paliar el impacto de la sequía sobre los embalses que alimentan las hidroeléctricas del país, una situación que el gobierno atribuye al cambio climático. Sin embargo, expertos advierten que el problema va más allá de la falta de lluvias y señalan el deterioro de la infraestructura, la falta de inversión y una deficiente gestión como las verdaderas causas del colapso eléctrico.

Incertidumbre en Venezuela

La medida ha generado incertidumbre entre los trabajadores, quienes temen que la reducción de horas implique también un recorte en sus ya mermados salarios. Además, aunque el sector educativo no está incluido en la norma, la crisis ha golpeado con fuerza a las escuelas y universidades, donde la falta de personal y los bajos sueldos han obligado a limitar las clases a solo tres días por semana.

Mientras tanto, el Ministerio de Energía Eléctrica ha llamado a la población a adoptar medidas de ahorro, como regular el uso del aire acondicionado y desconectar los electrodomésticos cuando no estén en uso. Pero para muchos venezolanos, acostumbrados a lidiar con constantes apagones y fallas en el servicio, estas recomendaciones suenan a una estrategia insuficiente frente a un problema estructural.

Oscar Murillo, director de la ONG Provea, advierte que el país está produciendo energía «80% por debajo de su capacidad». Y aunque el gobierno insiste en que la reducción de la jornada laboral es una solución temporal, para la mayoría de los ciudadanos representa un nuevo golpe a la ya frágil economía venezolana. Con menos horas de trabajo y un sistema eléctrico al borde del colapso, el país sigue funcionando a media marcha, sin respuestas claras sobre cuándo podrá recuperar la estabilidad energética.