El gobernador denuncia bloqueo a su gestión, mientras la Duma enfrenta disputas internas que retrasan inversiones en el departamento.

La confrontación entre el gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, y un sector mayoritario de la Asamblea Departamental ha escalado a un punto crítico, con acusaciones cruzadas que ponen en riesgo la ejecución de más de 50 proyectos de inversión social e infraestructura en el departamento. Mientras la administración departamental insiste en que los diputados están obstaculizando su gestión por no haber recibido cuotas burocráticas, la presidenta provisional de la Duma, Ángela Cedeño, asegura que la responsabilidad del retraso recae en los mismos aliados del gobernador, quienes desconocen la legalidad de la actual mesa directiva y bloquean el trámite de los proyectos.

Un bloqueo con impacto en la inversión pública
El punto central del conflicto es la adición presupuestal de 427 mil millones de pesos, de los cuales 292 mil millones están destinados a inversión social. Sin la aprobación de la Asamblea, estos recursos no pueden ser utilizados, lo que podría generar un estancamiento en el desarrollo de obras y programas clave para los municipios del Magdalena.

El gobernador Martínez ha sido enfático en señalar que la negativa de la Asamblea para discutir y aprobar el proyecto de ordenanza responde a intereses particulares de algunos diputados. “Aquí servimos a los intereses del pueblo, no a los intereses de unos pocos. No nos vamos a doblegar a sus exigencias y deseos de burocracia”, afirmó el mandatario, quien considera que el rechazo al trámite del proyecto es una forma de presión para obtener beneficios administrativos en hospitales y otras entidades.

“Si no se le da discusión o estudio, y por ende aprobación, el más afectado será el pueblo magdalenense”, advirtió Martínez, recordando que, debido a que la Asamblea no aprobó el presupuesto departamental a finales de 2024, su administración se ha visto obligada a operar con los mismos recursos del año anterior.

Las razones de la Asamblea: «No es presión, es legalidad»
Desde la Duma, la presidenta provisional Ángela Cedeño respondió a las acusaciones asegurando que el gobernador busca presionar para que se aprueben sus proyectos sin el debido análisis. “Siempre acostumbra a hacer señalamientos infundados e irrespetuosos. Quiere ejercer presión sobre nosotros para que le concedan sus iniciativas”, manifestó.

Según Cedeño, el proyecto de ordenanza presentado inicialmente tenía errores en el nombre del presidente, lo que retrasó su estudio. Sin embargo, aseguró que ya se encuentra en revisión y pasará a la comisión correspondiente. No obstante, advirtió que las disputas internas dentro de la Asamblea han complicado aún más el panorama.

“El señor gobernador debe ponerse de acuerdo con sus propios diputados, quienes están torpedeando el trámite del proyecto advirtiendo ilegalidades. Si ellos mismos no reconocen la mesa directiva, entonces, ¿a qué jugamos?”, expresó Cedeño, en referencia a los legisladores que desconocen su elección como presidenta y han anunciado demandas contra cualquier decisión que tome.

Diputados en disputa: un juego de poder que afecta a la ciudadanía
El diputado Yohan Pinedo respaldó la postura del gobernador, señalando que la actual mesa directiva de la Asamblea está actuando de manera irregular y bloqueando el trámite del proyecto de adición presupuestal. “El proyecto lo tienen engavetado. Estas tres diputadas que conforman la mesa directiva están realizando actos administrativos de manera irregular, mientras los recursos que necesita el pueblo siguen bloqueados”, sostuvo.

Pinedo también acusó a la presidenta de la Duma de estar más preocupada por su permanencia en el cargo que por el bienestar del departamento. “Aquí se está fregando es al pueblo. Son recursos que están disponibles y no pueden ser utilizados por estos conflictos políticos”, afirmó.

Por su parte, Cedeño insistió en que su gestión ha sido obstaculizada no solo por la administración departamental, sino también por los diputados que desconocen su liderazgo y han intentado impedir que pueda sesionar y avanzar en el orden del día.

El análisis de un experto: «Las disputas políticas están perjudicando al pueblo»
Para el politólogo y analista en administración pública, Juan Carlos Restrepo, esta pugna entre el ejecutivo departamental y la Asamblea refleja una crisis institucional que termina afectando a la ciudadanía.

“Es lamentable que los conflictos políticos y las luchas de poder estén retrasando decisiones que impactan directamente a la gente. En los municipios del Magdalena hay necesidades urgentes en infraestructura, salud y educación, pero los recursos están atrapados en una pelea entre gobernantes y legisladores”, explicó.

Según Restrepo, este tipo de enfrentamientos son comunes en la política regional, pero en este caso el impacto es mayor debido a la magnitud de los recursos en juego. “Mientras la gobernación y la Asamblea se acusan mutuamente, el Magdalena sigue esperando inversiones esenciales. Es necesario que ambas partes busquen puntos de consenso y prioricen el bienestar de la comunidad”, agregó.

¿Cuál será el desenlace?
El conflicto en la Asamblea del Magdalena parece lejos de resolverse. La presidenta provisional ha manifestado que seguirá estudiando el proyecto de adición presupuestal con el respaldo de su equipo jurídico, mientras que el gobernador y sus aliados en la Duma insisten en que la demora responde a una estrategia política para frenar su gestión.

Entretanto, las comunidades del departamento siguen esperando que los recursos sean liberados y se ejecuten las obras prometidas. La pregunta sigue en el aire: ¿prevalecerán los intereses políticos o finalmente se dará paso a las inversiones que necesita el Magdalena?