El Presidente afirmó que parte de la Quinta de San Pedro Alejandrino debe pertenecer a los indígenas y la calificó como “monumento fascista”.

Santa Marta volvió a convertirse en el epicentro de la controversia política y cultural tras la reciente visita del presidente Gustavo Petro al departamento de Magdalena. En el marco de la entrega de tierras para la ampliación del resguardo Arhuaco el pasado viernes 14 de marzo, el mandatario sorprendió con una propuesta inesperada: ceder parte de la Quinta de San Pedro Alejandrino a las comunidades indígenas, argumentando que el histórico lugar, donde Simón Bolívar pasó sus últimos días, forma parte de la Línea Negra, el territorio sagrado de los pueblos de la Sierra Nevada.

La reacción no se hizo esperar. Petro, que ha construido su discurso en torno a la reivindicación de las comunidades históricamente marginadas, no solo abrió el debate sobre la viabilidad de su iniciativa, sino que también desató una ola de críticas por su interpretación del pasado.

Desde la tarima, con su tono enfático y su habitual desafío al statu quo, el presidente lanzó una afirmación que dejó perplejos a muchos: calificó como “monumento fascista” una parte de la Quinta, sugiriendo que la memoria de Bolívar debe ser reinterpretada bajo una nueva óptica.

«Si la Línea Negra pasa por la hacienda de San Pedro Alejandrino, la otra parte debe ser indígena y debe ser el homenaje de los pueblos que se liberaron, mestizos, indígenas, negros, a un gran emancipador», declaró Petro, dejando en el aire la pregunta de cómo se materializaría esta propuesta sin afectar el carácter patrimonial del sitio.

¿Reivindicación o apropiación política?

La Quinta de San Pedro Alejandrino no es solo una finca colonial. Es un símbolo nacional, un espacio de memoria que ha sido preservado como santuario histórico. Allí, cada año, miles de estudiantes, investigadores y turistas recorren sus pasillos, impregnándose del espíritu del Libertador.

Si bien la conexión ancestral de los pueblos indígenas con la Sierra Nevada es innegable y la Línea Negra ha sido reconocida por el Estado colombiano, la posibilidad de modificar la titularidad de un sitio de tal relevancia histórica plantea serios interrogantes.

Más allá de la discusión patrimonial, lo que muchos ven con preocupación es el trasfondo ideológico de la propuesta. La politización de los símbolos históricos ha sido una estrategia recurrente en distintos gobiernos, pero Petro ha llevado esta práctica a otro nivel, moldeando el relato del pasado según su visión de lucha de clases y reivindicación de los oprimidos.

Reacciones encontradas

El anuncio ha generado posturas divididas. Mientras algunas comunidades indígenas ven con buenos ojos la posibilidad de que se reconozca su relación ancestral con la zona, historiadores, académicos y ciudadanos expresan su inquietud por lo que consideran un intento de reescribir la historia sin criterios técnicos ni consenso social.

«El problema no es reconocer la importancia de la Línea Negra, sino la forma en que se pretende intervenir un lugar que es patrimonio de todos los colombianos», señala un experto en conservación del patrimonio.

Por ahora, la propuesta de Petro sigue siendo un enigma. No hay detalles sobre cómo se ejecutaría ni bajo qué marco legal se sustentaría. Lo que sí es seguro es que, una vez más, el presidente ha encendido el debate sobre la relación entre la historia, el poder y la identidad nacional.