El profesor, que ya estaba en prisión por hechos similares, recibió una nueva condena de 25 años por abusos sexuales y tocamientos indebidos, contra más de 12 niñas que no habían sido incluidos en el primer proceso.

La justicia colombiana volvió a condenar a Libar Ropero Mandón, exdocente de una escuela rural en Puerto Asís, Putumayo, al encontrarlo culpable de nuevos delitos contra menores. Esta vez, la sentencia asciende a 25 años de prisión y se suma a los 17 años que ya pagaba por hechos similares.

La nueva decisión judicial destapa una realidad aún más grave: lo que inicialmente salió a la luz no reflejaba la totalidad de los abusos. Con el avance de las investigaciones, aparecieron más víctimas, más episodios y un patrón que se repitió durante años sin ser completamente detectado.

Entre 2016 y 2018, en la vereda Nueva Granada, el aula se convirtió en un espacio de riesgo. Allí, el entonces profesor aprovechaba momentos de aparente rutina para quedarse a solas con niñas de entre 6 y 12 años y someterlas a tocamientos de índole sexual. Según la Fiscalía, en esos instantes cometía los abusos, amparado en la confianza que su rol le otorgaba.

El control que ejercía no era improvisado. Las menores eran sometidas a una presión constante: el miedo a perder el año escolar o a recibir malas calificaciones se convirtió en una barrera para denunciar. La evaluación académica dejó de ser un proceso educativo y pasó a ser un instrumento de intimidación.

A ese escenario se sumaban ofrecimientos que evidencian la manipulación a la que eran sometidas: dinero, respuestas de exámenes y “favores” en las notas. Todo condicionado a su silencio. Un sistema de sometimiento que prolongó los hechos y dificultó que salieran a la luz en su momento.

Cuando finalmente el caso comenzó a conocerse, la reacción fue de impacto. Sin embargo, el profesor no respondió ante la justicia de inmediato. Huyó. Su nombre apareció en el cartel de los más buscados del Putumayo, con una recompensa de hasta 50 millones de pesos.

Mientras tanto, las víctimas enfrentaban no solo las consecuencias del abuso sexual, sino también un entorno adverso. Algunas familias, según reportes periodísticos, se vieron obligadas a abandonar la zona e incluso cruzar hacia Ecuador, en medio de cuestionamientos que profundizaron su vulnerabilidad.

Cuatro años después, el hombre se entregó. Fue capturado, procesado y condenado en un primer fallo a 17 años de prisión. Pero el proceso no se detuvo. Nuevas denuncias permitieron reconstruir otros hechos que no habían sido incluidos en esa primera investigación.

La sentencia conocida este 30 de marzo responde precisamente a esos nuevos hallazgos. Una fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso sexual (Caivas) en Putumayo logró demostrar su responsabilidad en los delitos de acceso carnal violento con menor de 14 años y acto sexual con menor de 14 años, ambas conductas agravadas.

En paralelo, la Procuraduría ya había tomado medidas disciplinarias en 2024: lo destituyó e inhabilitó por 19 años para ejercer funciones públicas, calificando su conducta como una falta gravísima cometida de manera dolosa.

El caso, lejos de cerrarse con una primera condena, se ha ido ampliando con el tiempo.

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Cada nuevo fallo no solo incrementa la pena, sino que revela la magnitud de una conducta que permaneció oculta durante años. Más víctimas, más pruebas, más verdad. Y una justicia que, aunque tardía, sigue reconstruyendo lo que durante tanto tiempo permaneció en silencio.