Golpes con tubos, tablas y armas, heridas con una navaja, amenazas de muerte y la exigencia de entregar la casa de sus padres. La Fiscalía reconstruyó en audiencia el calvario que habría vivido un cobrador de una empresa de préstamos informales tras extraviar dinero de los recaudos. Luis Mariano Díaz González, hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz, figura entre los procesados.

Durante casi 11 horas, Carlos Alfredo Mejía Vargas dejó de ser un cobrador de préstamos para convertirse, según la Fiscalía, en la víctima de una violenta sesión de tortura organizada para obligarlo a responder por un faltante de dinero.

La reconstrucción presentada ante una juez de Barranquilla estremeció la audiencia. El ente acusador sostiene que el hombre fue secuestrado, retenido y sometido a una cadena de agresiones físicas y psicológicas porque, presuntamente, había extraviado entre 15 y 30 millones de pesos producto de los cobros que realizaba para la empresa informal Soluciones Mano a Mano, dirigida, según la investigación, por Luis Mariano Díaz González, hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz.

Lo sacaron de su casa y comenzó el infierno

Los hechos ocurrieron el 23 de agosto de 2025.

Según la Fiscalía, cerca de 22 hombres llegaron en unas diez motocicletas hasta la vivienda de Carlos Alfredo, en el barrio Ciudad Modesto, en Barranquilla.

Presuntamente armados, lo obligaron a salir de su casa y lo trasladaron contra su voluntad hasta un inmueble ubicado en el barrio Las Granjas, en Soledad.

A partir de ese momento comenzó una larga jornada de violencia.

El objetivo, de acuerdo con el relato del fiscal Rodrigo Restrepo, era lograr que el cobrador aceptara la desaparición del dinero y respondiera por la totalidad de la suma.

Golpes, puñaladas y amenazas para hacerlo hablar

La Fiscalía aseguró que la víctima fue golpeada repetidamente con puños, patadas, tablas, tubos y otros objetos contundentes. También habría recibido heridas con arma cortopunzante y varios golpes en diferentes partes del cuerpo.

Uno de los episodios más impactantes revelados en la audiencia involucra a Stiven Rafael Bolaño De La Hoz. Según el ente investigador, inmovilizó la mano del cobrador sobre una tabla y luego la atravesó con una navaja como parte de las agresiones para presionarlo a confesar el supuesto faltante del dinero.

Las agresiones, según la investigación, estuvieron acompañadas de amenazas permanentes y de una fuerte presión psicológica para quebrar la resistencia de la víctima.

La Fiscalía señala al hijo de Diomedes como quien tomó el control

Uno de los puntos centrales de la audiencia fue el papel que, presuntamente, desempeñó Luis Mariano Díaz González dentro de los hechos.

La Fiscalía sostuvo que era quien dirigía la empresa Mano a Mano, tenía autoridad sobre cobradores y supervisores y ejercía el control de la organización.

De acuerdo con el expediente, Díaz González llegó posteriormente al lugar donde mantenían retenido a Carlos Alfredo y habría asumido personalmente el control de las agresiones.

El fiscal aseguró que, presuntamente, golpeó al cobrador en la cabeza con la cacha de un arma de fuego mientras seguía exigiéndole explicaciones por el dinero desaparecido.

También presionaron a la familia

La violencia, según la investigación, trascendió el lugar del cautiverio.

Mientras Carlos Alfredo permanecía retenido, los presuntos responsables se comunicaron con sus familiares para exigir inicialmente 15 millones de pesos a cambio de dejarlo en libertad.

Cuando la familia respondió que era imposible reunir esa suma, la exigencia cambió. Según la Fiscalía, les pidieron entregar mediante escritura pública la vivienda donde viven los padres de la víctima como forma de pago.

Después de casi 11 horas, el hombre recuperó la libertad con múltiples lesiones. Medicina Legal le otorgó una incapacidad provisional de 20 días.

La audiencia fue aplazada

Ante la juez novena penal municipal con funciones de control de garantías comparecieron Luis Mariano Díaz González junto con Stiven Rafael Bolaño De La Hoz, Alexis Rafael Jiménez Urina, Darío Andrés Tirado Bossio, Keiner David Rocha Gamero y José David Martínez Ibáñez.

Todos fueron imputados por los delitos de secuestro simple agravado en concurso con tortura.

Sin embargo, la diligencia fue suspendida luego de que las defensas solicitaran tiempo para analizar un eventual allanamiento a los cargos y la posibilidad de negociar un preacuerdo con la Fiscalía.

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La audiencia continuará este viernes, cuando la juez deberá definir el rumbo judicial de un proceso que volvió a poner bajo la lupa los presuntos métodos de violencia utilizados para cobrar cuentas dentro de una organización dedicada al negocio informal del préstamo de dinero.